El uso de minas terrestres improvisadas y drones con explosivos por parte de grupos del crimen organizado se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad en Michoacán, especialmente en la región de Tierra Caliente, donde estas tácticas han provocado desplazamientos forzados de comunidades y un aumento en las víctimas civiles y militares.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, desde 2022 se han registrado decenas de incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados. Tan solo en 2026 se reportan 26 víctimas en la zona de El Guayabo y comunidades cercanas, entre personas fallecidas y lesionadas, mientras que más de 600 habitantes han sido desplazados por la violencia.
Para enfrentar esta situación, el Ejército Mexicano desplegó una unidad especializada en detección y desactivación de explosivos, apoyada por maquinaria adaptada, como montacargas blindados y vehículos desminadores, además de binomios caninos y robots. Sin embargo, especialistas advierten que, tras retirar las minas, los grupos delictivos vuelven a colocarlas, lo que dificulta el retorno seguro de las comunidades afectadas.
Autoridades estatales informaron que durante 2024 fueron asegurados más de 3 mil artefactos explosivos y granadas, mientras que en lo que va de 2026 se han desactivado cientos de minas en municipios como Buenavista y Apatzingán. No obstante, expertos consideran que el uso creciente de explosivos representa una nueva etapa en la violencia que enfrenta Michoacán.
