Cuatro presidentes de la República, siete gobernadores y más de 500 presidentes municipales han desfilado por Michoacán desde 2006, año en que se lanzó el primer operativo federal que buscaba destronar a las bandas delictivas que han impuesto una gobernanza criminal en la entidad.
Más de 21 mil 700 personas han sido asesinadas, mil 248 han sido secuestradas y otras 32 mil 300 han denunciado extorsión en Michoacán desde 2006, año en que se desplegó el primer intento federal por recuperar el control territorial que mantienen los grupos del narcotráfico.
Después de casi dos décadas de intentos fallidos por pacificarlo, Michoacán no sólo está en el top 10 de los estados con mayor número de asesinatos, sino que se ha consolidado como uno de los centros de “innovación” criminal, con el empleo de drones y nuevas tecnologías, control de las cadenas de producción agroindustrial, blindaje de vehículos y métodos extremos de aniquilación.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia conjunta que busca, por cuarta vez en 19 años, devolverle la gobernabilidad al estado, frenar las extorsiones contra los productores de aguacate y limón, detener los homicidios, desterrar la corrupción policial, ofrecer opciones educativas y culturales, y restaurar el Estado de derecho.
El reto es monumental, pero hay escepticismo. “Tú no puedes generar estabilidad, tú no puedes generar condiciones óptimas de vida para los ciudadanos, si primero no extirpas la parte más importante que es la gobernanza criminal que hay en Michoacán”, destaca Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, estrategias policiales y movimientos sociales.
“El crimen organizado en Michoacán ha mermado al Estado, y eso no lo puedes combatir con mesas de diálogo, con tropas ni con programas sociales. Eso lo tienes que desarticular con un esquema de inteligencia tanto criminal como financiera para saber cómo se mueve el dinero”, agrega Guerrero Baena, moreliano y director de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES).
A unas horas de que la presidenta haga el anuncio formal de su estrategia para frenar la degradación política, social y de seguridad de Michoacán, el especialista en inteligencia para la Seguridad Nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, subrayó que un factor que la Presidenta no puede decir de manera explícita, pero que se tiene que abordar, es el desmantelamiento del pacto político-criminal que prevalece en el estado.
“Se deben erradicar los pactos de los alcaldes, funcionarios estatales, mandos policiacos y liderazgos empresariales con los diferentes grupos delictivos en Michoacán. De no ser así, el plan federal será sólo un paliativo”, agregó Rodríguez Sánchez Lara, quien es académico y consultor del Colegio de Defensa, del Centro de Estudios Superiores Navales y del Centro Nacional de Inteligencia de México.
Tú no puedes generar estabilidad, tú no puedes generar condiciones óptimas de vida para los ciudadanos, si primero no extirpas la parte más importante que es la gobernanza criminal que hay en MichoacánAlberto Guerrero Baena, especialista en política de seguridad
Tras la consternación que causó asesinato del alcalde de Uruapan, el carismático Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre durante una festividad popular en una plaza pública, Michoacán se volvió a convertir en termómetro de la seguridad nacional y laboratorio del gobierno federal para evitar que la entidad donde se originó la guerra contra el narcotráfico se vuelva un Estado fallido.
A finales de 2006, después de un llamado de auxilio por parte del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hoy jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum), el gobierno de Felipe Calderón lanzó el llamado Operativo Conjunto Michoacán, que consistía en un despliegue masivo del Ejército y la Policía Federal para enfrentar a La Familia Michoacana y recuperar el control territorial.
Las acciones más visibles fueron cientos de cateos, detenciones y decomisos, pero los efectos a mediano plazo derivaron en la atomización de los cárteles de la droga y la militarización cotidiana.
El operativo no cerró circuitos financieros ni desarticuló redes de protección; el Estado no construyó capacidades judiciales y, en muchos casos, hubo violaciones a derechos humanos que minaron legitimidad. “Se integraron mal las carpetas, había jueces coludidos con las bandas criminales, y lo que pareció una buena estrategia resultó ser un fiasco”, resume Rodríguez Sánchez Lara.
Ejemplo de las acciones arbitrarias en el marco de la estrategia calderonista en Michoacán fue el llamado “michoacanazo”, operativo policial-militar lanzado el 26 de mayo de 2009, en el que fuerzas federales detuvieron a 35 funcionarios locales, incluyendo 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez, acusados de presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
Se deben erradicar los pactos de los alcaldes, funcionarios estatales, mandos policiacos y liderazgos empresariales con los diferentes grupos delictivos en Michoacán. De no ser así, el plan federal será sólo un paliativoGerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico y consultor
El objetivo era desarticular la infiltración del narco en el gobierno estatal, controlado entonces por el gobernador perredista Leonel Godoy. Sin embargo, la espectacularidad del operativo contrastó con la falta de pruebas sólidas (la mayoría de las detenciones se basaron en testimonios anónimos y escuchas telefónicas), por lo que 34 de los 35 detenidos fueron liberados, sin que la actividad criminal se detuviera.
Con la sucesión presidencial, en 2012, llegó una nueva receta para contener el deterioro: el Plan Michoacán. La llegada de Enrique Peña Nieto resolvió la emergencia con la creación, en 2013, de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado y la figura del comisionado, personificada por Alfredo Castillo, quien pactó con los grupos de autodefensas, aparentemente opuestos a las extorsiones de las bandas criminales.
“Alfredo Castillo lo único que hizo fue establecer un gobierno alterno del estado donde parecía que las órdenes partían desde el hotel Fiesta Inn y no desde Palacio de Gobierno, donde el gobernador Fausto Vallejo fue una pieza decorativa. Por otro lado, las autoridades federales pactaron con grupos que posteriormente y hasta el día de hoy ya son parte del crimen organizado”, comenta Guerrero Baena.
“La experiencia fue terriblemente torpe”, sentencia Gerardo Rodríguez. “Empoderó a las autodefensas al pactar con ellas y sentarlas en la mesa, y después se les fue encima. El Estado mexicano no puede pactar nunca con autodefensas. No hay experiencia internacional que te diga que ha sido explícito pactar con autodefensas. Ese es un capítulo negro de la intervención federal en un Estado”.
Pasaron casi 10 años y Michoacán seguía siendo un nido de bandas criminales, extorsiones y asesinatos. En 2021, en la recta final del gobierno de Silvano Aureoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador ponía nuevas piezas en el tablero: la Guardia Nacional y un acento en la prevención social a través de becas, empleo y programas productivos.
Para el consultor Alberto Guerrero, la estrategia de López Obrador fracasó porque el crimen organizado tiene mucho más poder económico para anular los programas sociales. “Si una beca gubernamental te da dos mil o cuatro mil pesos, el crimen organizado te ofrece doce mil. Al final, los jóvenes prefieren vivir con una bonanza económica momentánea que con una beca que no les va a alcanzar para mucho”.
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