La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para atender la violencia en esa entidad. Esto, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.
Al respecto, en entrevista para Entrelíneas, Rubén Darío Ramírez, investigador regional, aclaró que aún no puede compararse la estrategia de seguridad de este gobierno con las que aplicaron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, ya que, hasta el momento presentaron los tres ejes y sus acciones a desarrollar en cada uno:
Seguridad y justicia.
Desarrollo económico con justicia.
Educación y cultura para la paz.
Sin embargo, expresó que las medidas que tomaron Calderón y Peña Nieto para disminuir la violencia en Michoacán no resolvieron el problema de fondo.
¿En qué consistieron los planes anteriores?
Rubén Darío recordó que, en 2007, Felipe Calderón estableció el Operativo Conjunto por Michoacán, el cual implicó una ocupación territorial del ejército y la declaración de guerra contra el narcotráfico.
“Trajo como consecuencia el arresto de muchos líderes integrantes de los grupos delictivos de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios”.
Como consecuencia, ambos grupos criminales reajustaron a sus integrantes y renovaron sus pactos, por lo que en 2011 se volvieron a posicionar en el territorio michoacano. Su presencia fue tal que llegaron a controlar 80 municipios de los 113 que lo conforman.
“La propuesta de Calderón quedó como una intervención militar pese a anunciar otras acciones, dejando a Michoacán en una situación lamentable y destruido por esa guerra”.
En tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, liderada por Alfredo Castillo, estableció una estructura paralegal.
Es decir, un gobierno distinto al constitucional al que estaba a cargo el exgobernador, Fausto Vallejo.
Su plan integral consistió en establecer áreas recreativas y fortalecer la cultura, pero la Comisión solo generó el armamento de autodefensas y la constitución de las guardias rurales.
“Ninguna de esas propuestas surtió efecto y Michoacán se convirtió en un laboratorio de planes centralistas fallidos que generó la emergencia y la distribución de Michoacán a 13 grupos criminales locales”.
La propuesta de Claudia Sheinbaum “tiene que estar bien analizada”, dijo, y no ser centralista como las anteriores.
“No se puede pensar que desde el poder central se va a resolver el problema cuando tiene mucha profundidad y raíces de la cultura ranchera, masculina y machista”.
Consideró que no deben ser propuestas inmediatas, a corto plazo y mediáticas porque “va más allá de resolver un problema de ilegitimidad gubernamental“.
Colusión del gobierno con mandos gubernamentales
El doctor en Ciencias Sociales expresó que muchas autoridades gubernamentales en Michoacán se fueron coludiendo con los grupos criminales.
Todo comenzó cuando aceptaron los financiamientos para sus campañas electorales, lo que les permitió a los delincuentes controlar estructuras de gobierno municipales.
“La colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado, al no poderse resolver por el gobierno local, con Lázaro Cárdenas Batel entre 2002 a 2008, le solicitó a Felipe Calderón el apoyo para controlarlos”.
Lo complejo de la situación es que el crimen organizado está presente en la actividad económica de la población, así como en las redes de poder.
Por ello, cuestionó que el plan debe definir cómo desarticular las redes criminales que están normalizadas como parte de la cultura michoacana:
“No es generar un plan y llevar actividades culturales, sino resolver un problema que tiene que ver con la idiosincrasia de la población que vive de eso. Muchas familias saben que sus hijos están involucrados en el crimen”.
Michoacán llegó a los 25 mil homicidios dolosos desde la guerra contra el narcotráfico en adelante. El periodo donde más homicidios hubo fue el de Silvano Aureoles (2015-2021), llegando a 9 mil asesinatos.
Sin embargo, con el actual gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, van 7 mil 400, cifra que podría aumentar para cuando acabe su gobierno en 2027.
“Si sigue a este ritmo, superará la cifra de homicidios dolosos de Silvano. Significa que tenemos un problema tremendo, un promedio de mil 500 homicidios por año”.
En suma, sugirió que no funcionará ningún plan si no le quitan el control a la delincuencia organizada del territorio michoacano. Tampoco si el gobierno y las universidades no trabajan en conjunto para garantizar una educación que involucre a toda la juventud.
“Todos tenemos que asumir la responsabilidad porque si solo el gobierno actúa, no se podrá atender ni resolver desde la raíz”.
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