La franja que divide los estados de Michoacán y Jalisco, México, se ha convertido en una zona de pueblos fantasmas. Calles vacías, casas baleadas y caminos desolados. Es lo que marca el paisaje de comunidades enteras abandonadas debido a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el control del territorio y del tráfico de drogas.
Donde antes había comunidades llenas de vida, ahora impera el silencio. Ya no se ven animales en los corrales ni dueños que los alimenten.
El fenómeno del desplazamiento forzado se ha vuelto parte de la cotidianidad del municipio de Santa María del Oro, en el estado de Jalisco, en eloeste de México, donde la violencia derivada del narcotráfico ha obligado a familias enteras a huir para salvar la vida, según denuncian residentes y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
“Unos se fueron primero, otros después, pero desde agosto o septiembre esto se quedó totalmente solo”, relata un habitante de la comunidad Los Plátanos, perteneciente a Santa María del Oro, quien pide el anonimato por temor a represalias.
La misma historia se repite en Carrizo, Cipoco, Los Panales y Petacala, localidades que hace apenas unos años eran pueblos en mucha vida y pocos sobresaltos. Ahora, todos lucen desiertos, una muestra más de cómo la violencia se ha intensificado en varias partes de México desde que, en diciembre de 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una estrategia de “guerra” contra el crimen organizado.
Desde entonces, a pesar de los cambios de gobiernos y de partidos en el poder a nivel federal y local, el problema se ha mantenido.
La vida de Evangelina Contreras Ceja está marcada por la violencia. Es madre de una joven desaparecida y de un hijo asesinado y ahora brinda apoyo a familias desplazadas por la violencia en esa región y en otras partes de México.
“Llegan matando gente, levantando gente. El que sale huyendo se va, se sale y se va desplazado”, dice Contreras Ceja. Pero para el que se queda, caer en manos del crimen organizado es el escenario más probable. “Es una forma de reclutar también. Siembran el terror, la gente se aterroriza”, dice Contreras Ceja.
La mujer, integrante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, en el suroeste de México, asegura que el problema no solo es grave, sino que se ha extendido en los últimos años.
Cuenta que ha visto a ancianos, mujeres y niños abandonar sus casas con “lo poco que pueden cargar”. Y quienes se quedan, dice, lo hacen por falta de recursos o porque no tienen dónde ir.
Señala que algunos buscan refugio en Coahuayana, uno de los 113 municipios del estado de Michoacán. Otros en Tepalcatepec, Coalcomán o Cotija. Aunque también llegan a comunidades del sur de Jalisco, e incluso al Estado de México y a la capital del país.
Contreras Ceja considera que esta forma silenciosa de violencia está marcando el ritmo de la vida en esos lugares.
“El desplazamiento conlleva también la desaparición. Creo que la mayoría pierde todo: les asesinan familiares, les queman sus viviendas, los despojaron de todo y fueron desplazados. Y el regreso de estas familias parece una posibilidad muy lejana”, dice.
CNN contactó a la Secretaría de Gobierno y Seguridad de Michoacán y Jalisco, así como al Gobierno municipal de Santa María del Oro para saber qué acciones ha emprendido ante esta situación. Estamos a la espera de respuesta.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y septiembre de este año se registraron 963 homicidios dolosos en Jalisco y 1.024 en Michoacán, cifras inferiores a las de 2024, aunque no hay detalles sobre cuántos de estos hechos están directamente vinculados al crimen organizado.
El ejemplo más reciente de la violencia en esta zona ocurrió este fin de semana, con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, municipio de Michoacán. Manzo usaba con frecuencia las redes sociales para hablar de la creciente violencia en la región.
Algunas organizaciones civiles que monitorean el fenómeno de la violencia advierten que el número real podría ser mayor, ya que muchos delitos no se denuncian, otros no se investigan o simplemente no se registran formalmente.
Estas mismas organizaciones civiles exigen que el desplazamiento forzado se aborde como una política de Estado que incluya programas de prevención, atención a las víctimas y soluciones a largo plazo, entre otras medidas.
Actualmente, México no cuenta con un registro oficial de personas afectadas por el desplazamiento forzado. Organizaciones de derechos humanos estiman que este fenómeno ya impacta a miles de personas, en particular en estados con fuerte presencia criminal, como Guerrero y Chiapas, en el sur, o en los propios Jalisco y Michoacán.
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