El Congreso de Michoacán aprobó una serie de reformas a la Ley de Salud del Estado, modificaciones que significan la legalización del aborto, es decir, que los centros de salud públicos deben garantizar el acceso a la interrupción del embarazo de forma gratuita y segura.
La votación resultó en 23 votos a favor del dictamen, 6 en contra y cero abstenciones.
En el recinto del Congreso acudieron integrantes del colectivo “Jóvenes de pasos por la vida”, quienes se autodenominan como provida, vitoreando en las participaciones de las y los diputados que debatieron en contra, e interrumpiendo a quienes se posicionaron a favor.
El debate fue protagonizado por las posiciones en contra, con las participaciones de Vanessa Caratachea Sánchez y Teresita Herrera Maldonado, del PAN, y Baltazar Gaona García de PT. Mientras que a favor habló Octavio Ocampo Córdova del PRD.
Caratachea Sánchez calificó al aborto como “la solución más cómoda para el Estado”, acusando de que el gobierno y las y los diputados no han optado por otras alternativas, como educación integral y sexual, apoyos económicos a mujeres económicamente vulnerables.
El perredista recordó que, ante la despenalización que ya se aprobó en Michoacán, el siguiente paso indispensable era garantizar el acceso a la interrupción del embarazo a través del servicio médico adecuado en instituciones públicas y legales.
“Este dictamen que hoy se concreta no solo radica en la legislación estatal sino en su alineación con los principios de justicia social y directrices de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el acceso a la salud de las mujeres no se debe verse limitado nunca por barreras sociales, permitiendo que las mujeres y personas gestantes accedan a servicios seguros minimizando los riesgos para la salud de las mujeres”.
La también panista, Teresita Herrera criticó que en el dictamen no se contemple la totalidad de la objeción de conciencia de las y los médicos que, por cuestiones ideológicas o religiosas se nieguen a practicar un aborto.
Finalmente y luego de un debate intenso, el dictamen quedó aprobado y con ello la garantía de las mujeres michoacanas y personas gestantes de acudir a centros de salud para realizarse un aborto con procedimientos seguros y sin ser penalizadas por su decisión.
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