Cerca de 50 municipios que respondieron a la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre centros de detención preventiva, se informó que durante el periodo 2017 al 2022 se reportaron 690 lesiones y 14 muertes.
Al dar a conocer el informe de los Centros de Detención Preventiva en el Estado de Michoacán, “Dignidad y Cumplimiento de los Derechos Humanos”, se destacó que durante el 2022 y 2023 solicitó información a los 113 municipios y el Gobierno Autónomo de Cherán. En donde el 58.4 por ciento de los municipios no respondió al oficio enviado, el 7.1 por ciento acuso de recibido, pero sin responder lo solicitado el 33.6 por ciento respondió que sí cuenta con un centro de detención y el 0.9 por ciento señaló que no cuenta con un centro de detención preventiva.
Solo un municipio tiene un reglamento, se trata de Zitácuaro y en rubros de infraestructura 68.5 por ciento de los municipios requieren poner atención a las normas establecidas en cuestión de higiene y limpieza. El 47.8 por ciento de los municipios que cuentan con centros de detención su personal no cuenta con alguna certificación.
A partir de los resultados del informe se emitieron algunas conclusiones, se tiene que los 112 municipios son omisos para contar con un reglamento, algunos de los rubros no se encuentran apegados a los parámetros nacionales e internacionales analizados en el informe como en infraestructura, capacitación de personal, por ello se emitieron una serie de recomendaciones.
Entre las recomendaciones que hizo la CEDH es implementar un orden jurídico para los municipios de Michoacán que regule el tratamiento de las personas privadas de su libertad por cuestiones administrativas, establecer la infraestructura de los centros de atención preventiva municipal en tres puntos principales: espacios destinados a la comunidad LGBTQ+ y adultos mayores; mejorar las condiciones de higiene y limpieza de los centros evitando el hacinamiento; implementar programas de ingreso, permanencia y ascenso del personal que labora en los centros de detención preventiva municipal a través de programas de certificación y profesionalización.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEH), Marco Antonio Tinoco Álvarez dijo que desafortunadamente en los últimos 10 años se ha dado cuenta de personas que han perdido la vida en los centros de detención.
Indicó que más del 50% de los municipios no contestaron los informes, por lo que pidió el apoyo de los presidentes municipales, al destacar la importancia de que sean contestadas dichas solicitudes para la construir una Agenda de Derechos Humanos.
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