Cinco personas, entre ellas cuatro servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y un exfuncionario de la misma institución, fueron detenidas por su presunta participación en un fraude relacionado con la falsificación de documentos para simular la muerte de una persona que continúa con vida y gestionar el cobro de una póliza de seguro.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los implicados habrían elaborado y alterado expedientes para hacer constar un supuesto homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito. La documentación presuntamente se utilizó para acreditar un fallecimiento inexistente y obtener una indemnización millonaria de una compañía aseguradora.
La empresa realizó un primer pago antes de detectar irregularidades en la carpeta de investigación. Al identificar inconsistencias en los documentos presentados, la aseguradora interpuso una denuncia formal que dio origen a las indagatorias y permitió identificar posibles responsabilidades dentro de la dependencia estatal.
Entre las personas detenidas se encuentra Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; Jesús “N”, perito criminalista; Óscar David “N”, perito médico forense, y Arturo “N”, agente de la Policía de Investigación, quienes se desempeñaban en la Fiscalía estatal. También fue aprehendido Diego “N”, perito químico y exfuncionario de la institución.
Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país. Dos de los señalados fueron localizados en Puruándiro, otro en Lázaro Cárdenas y uno más en Morelia, Michoacán. La quinta captura, correspondiente al exfuncionario, se realizó en el estado de Guanajuato con apoyo de las autoridades de esa entidad.
El operativo fue resultado de una investigación coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Los cinco detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica. Los delitos que se investigan incluyen presunta falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como ejercicio ilícito del servicio público. La responsabilidad de cada uno deberá establecerse durante el proceso legal correspondiente.
