La regulación del uso de teléfonos celulares por parte de niñas, niños y adolescentes volvió a colocarse en el debate legislativo en Michoacán, aunque sin una iniciativa concreta en proceso.
En entrevista con Quadratín, la diputada del PAN Vanessa Caratachea, presidenta de la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia en el Congreso de Michoacán, refirió que el tema requiere de un análisis profundo, pues enfrenta la resistencia de los propios padres y madres, quienes no se observan muy dispuestos a que sus hijos permanezcan incomunicados, sobre todo cuando están en la escuela o en traslados fuera de casa.
La Legisladora sostuvo que la discusión no puede reducirse a una prohibición general del uso de dispositivos móviles. Explicó que, en muchos casos, los celulares se entregan a menores como una herramienta de seguridad y contacto permanente con la familia, pero advirtió que ese mismo medio ha sido utilizado por terceros para cometer delitos como acoso digital, enganche a través de redes sociales y secuestro virtual.
Ante ese escenario, Caratachea planteó la necesidad de legislar con mayor sustento técnico y social, a través de un Parlamento abierto que convoque a especialistas, autoridades educativas, padres de familia y al propio sector infantil y adolescente. Consideró que hacer leyes sin escuchar a niñas, niños y adolescentes reproduce una visión adulta que no siempre corresponde a la forma en que ellos interactúan con la tecnología.
El planteamiento se da en un contexto donde la discusión ya ha llegado al Congreso de la Unión y a diversas entidades del país, aunque con avances limitados y sin criterios homogéneos.
En el caso de Michoacán, el antecedente más reciente data de diciembre de 2024, cuando el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad un exhorto, sin carácter vinculante, para atender los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos electrónicos en menores de seis años.
Ese dictamen, presentado por el diputado Abraham Espinoza Villa, llamó a instituciones de salud, educación y bienestar social, así como a ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán, a implementar campañas de concientización dirigidas a padres y cuidadores.
Entre las medidas planteadas se incluyeron talleres para padres a cargo del DIF estatal, módulos informativos en escuelas preescolares y primarias, así como la elaboración de diagnósticos sobre la vulnerabilidad de los derechos de la infancia frente al uso no regulado de la tecnología.
De acuerdo con los datos contenidos en ese documento legislativo, el 65 por ciento de los niños michoacanos de entre 3 y 5 años utiliza celulares sin supervisión adulta, situación que incrementa el riesgo de retrasos en el lenguaje, ansiedad, problemas visuales y obesidad. Además, se documentó que el 22 por ciento de los menores en el estado presenta obesidad asociada al sedentarismo provocado por el uso prolongado de pantallas.
A estos indicadores se suman advertencias de organismos internacionales de salud y asociaciones pediátricas, que han señalado que la exposición excesiva a pantallas y a la luz azul en edades tempranas puede alterar los ciclos de sueño, afectar la atención, el desarrollo cognitivo y generar dependencia a estímulos digitales.
Especialistas coinciden en que el cerebro infantil, aún en proceso de maduración, es particularmente vulnerable a la sobreestimulación y a los mecanismos de recompensa inmediata que ofrecen los dispositivos móviles.
Pese a este contexto, el tema no forma parte de la agenda prioritaria del Congreso local. La propia diputada reconoció que el exhorto aprobado en 2024 es, hasta ahora, el único acuerdo formal alcanzado y que no existe una iniciativa en curso para regular el uso de celulares en menores.
No obstante, adelantó que la discusión podría retomarse en el marco de la revisión de la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre que se construya una ruta que equilibre la protección de la infancia con la necesidad de comunicación familiar y la realidad digital actual.
En el plano nacional, la discusión se reactivó hace unos días en el Senado de la República, donde el legislador Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en educación básica.
Lo anterior, salvo en casos de emergencia o con fines pedagógicos, lo que abrió un debate sobre atención en el aula, convivencia escolar y el derecho de padres a mantenerse comunicados con sus hijos.
