Al menos 63 personas que desempeñaban labores de la función pública han sido asesinadas en el estado de Michoacán en los últimos cinco años; en esta lista se incluye al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado la noche del sábado 1 de noviembre tras la realización de un evento en conmemoración del Día de Muertos.
De acuerdo con la estadística reunida por Data Cívica, al menos siete de las víctimas ejercían como alcaldes, y suman ocho con el asesinato de Carlos Manzo.
El caso más reciente previo a Manzo Rodríguez es el de la alcaldesa del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza Mendoza, quien militaba en Morena y fue asesinada el pasado 17 de junio junto con su esposo, frente a su domicilio, en medio de las pugnas entre dos grupos del crimen organizado que buscaban el control de dicho municipio.
Otro de los casos más emblemáticos es el de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, asesinada el 3 de junio, solo un día después de las elecciones. La munícipe estaba por concluir su mandato cuando fue ultimada, y destaca porque nueve meses antes ya había sido plagiada por el crimen organizado.
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió pese a que, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, contaba con protección federal desde 2024 e incluso, en mayo pasado, se le había otorgado “un reforzamiento” a dicha protección.
Apenas hace un par de meses, la policía municipal de Uruapan había detenido a René Belmontes, alias “El Rino” o “El Chamuco”, identificado como generador de violencia en la región y presunto jefe de plaza al servicio del Cártel Nueva Generación. Por esta razón, el alcalde había solicitado nuevamente el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los elementos de seguridad federal. Incluso, había instado repetidamente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a enviar más recursos para atender la situación del crimen organizado que acecha a Uruapan ante las pugnas por el control del territorio.
García Harfuch confirmó que, según los primeros análisis balísticos realizados tras el ataque a Manzo Rodríguez, el arma con la que se perpetró el crimen había sido utilizada en enfrentamientos previos entre cárteles.
Para Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en materia de seguridad, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, es una muestra del colapso del sistema de seguridad en México.
Así, afirmó, Michoacán y México se confirman como un “Estado fallido”, incapaz de proteger ni siquiera a sus propios gobernantes. “Ni siquiera este alcalde, que viene a ser el segundo en importancia en el estado de Michoacán, después de Morelia, estuvo a salvo. Con ello se demuestra que la libertad de expresión y de manifestación de ideas, en cuanto a todo lo que respecta a una gobernanza y gobierno, están limitadas. A quien osa decir la verdad, lo callan con plomo o con plata, y, al parecer, el caso de Carlos Manzo es que lo callaron con plomo”, expresó.
El especialista lamentó que, pese a los señalamientos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a que el alcalde contaba con protección federal, “el ataque se hubiera consumado sin obstáculos”.
“Me extraña porque considero a García Harfuch un profesional realmente en la labor de seguridad pública. Al decir que tenía la protección del gobierno federal y lo matan de esta manera, aunque él dice que se aprovecharon de la vulnerabilidad de un acto público, pues es cuando más debe estar protegido un personaje, dentro de un círculo de seguridad y con la labor de inteligencia alrededor. Si alguien trae armas, se puede detectar. Entonces, son incompetentes, son inoperantes, son ineficaces y son indolentes con toda esta política criminal”, sostuvo.
Ortega Montes agregó que la muerte del edil ocurre en un contexto donde el miedo se ha convertido en instrumento de gobierno, una política que, dijo, solo refleja el temor de las autoridades a perder poder o a enfrentar al crimen organizado.
“En estos momentos, lo más fácil es mantener la boca cerrada y con ello decir que están de acuerdo con esta errada política que se está fraguando en México, una política que están convirtiendo en miedo, en el miedo como política de Estado. No lo de abrazos, no balazos; eso no es otra cosa sino el miedo: el miedo a perder el poder, el miedo a enfrentar la criminalidad. Cuando juraron y protestaron cumplir con el mandato constitucional —el artículo 1 sobre los derechos humanos y el 21 sobre la seguridad y procuración de justicia— no lo están llevando a cabo”, denunció.
El académico destacó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue increpado este domingo en el funeral de Manzo Rodríguez, donde los asistentes le gritaron “asesino”. Dijo que esa reacción refleja el hartazgo social ante un gobierno que, a su juicio, ha optado por la pasividad.
De hecho, siete de los ocho munícipes asesinados han sido ultimados durante el sexenio de Ramírez Bedolla: Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, asesinado en febrero de 2022; César Arturo Valencia Caballero, munícipe de Aguililla, en marzo de 2022; Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, en abril de 2024; Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, en junio de 2024; Salvador Bastida García, munícipe de Tacámbaro, en junio pasado; Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, también en junio pasado; y ahora, Carlos Manzo.
“Ya vimos cómo corrieron al gobernador Bedolla de los funerales gritándole asesino, cuando él se burlaba y le decía a Carlos Manzo que cuántos había abatido, puesto que no lo vimos en operativos ni en detenciones de robos o asaltos. Él no estaba diciendo que se iba a poner en contra de la delincuencia organizada, sabiendo el monstruo de mil cabezas que es. En el momento que recurrió a pedir apoyo a la Presidenta, al secretario de Seguridad, al propio gobernador, no encontraba sino silencios que matan”, afirmó.
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, vuelve a colocar en el centro del debate la vulnerabilidad con la que los gobiernos locales enfrentan al crimen organizado, así como la ausencia de una política nacional efectiva de seguridad, consideró el analista internacional en materia de seguridad David Saucedo.
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