El lucrativo negocio del aguacate y otros productos agrícolas en Michoacán se ha convertido en blanco del crimen organizado, que impone pagos forzosos, confisca tierras y amenaza a productores y autoridades, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En Michoacán, uno de los principales estados productores de aguacate en el mundo, la sombra del crimen organizado se cierne sobre cada etapa de la cadena agrícola. Productores, empacadores y exportadores se ven obligados a pagar “cuotas” impuestas por grupos criminales, quienes amenazan con daños a la propiedad o incluso la muerte en caso de negarse.
En las zonas donde la disputa territorial entre cárteles es constante, los agricultores enfrentan un doble o triple cobro de extorsión. Este clima de violencia ha llegado a tal punto que funcionarios agrícolas estadounidenses han recibido amenazas, provocando la suspensión temporal de exportaciones hacia Estados Unidos en los últimos años.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, dado a conocer por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los cárteles con sede en Michoacán no solo se limitan a cobrar por permitir la operación de los productores; también han incursionado en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para establecer sus propios cultivos, diversificando así sus fuentes de ingreso. La economía rural, vital para Michoacán, enfrenta así un doble desafío: sobrevivir a las exigencias del mercado global y resistir el asedio del crimen organizado.
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