Michoacán comenzó a aplicar de forma estricta el nuevo decreto que prohíbe la realización de eventos públicos en los que se interpreten canciones que hagan apología del delito.
Con esta medida, el gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, busca frenar el enaltecimiento del crimen organizado a través de géneros musicales como los narcocorridos y sus variantes.
La disposición entró en vigor el 17 de abril, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y establece que ningún evento público podrá promover expresiones musicales que celebren o glorifiquen a grupos criminales o personajes vinculados a la delincuencia.
La norma aplica a plazas, estadios, auditorios, ferias, centros de espectáculos, bares y cualquier lugar de acceso general, incluyendo celebraciones privadas como bodas o XV años si en ellas se reproducen estos contenidos.
Como parte de la ejecución inmediata del decreto, el gobernador Ramírez Bedolla anunció la cancelación de dos conciertos que estaban programados en los municipios de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo.
Ambos eventos involucraban a agrupaciones conocidas por interpretar canciones que aluden directamente a líderes del narcotráfico y organizaciones criminales.
Uno de los casos más recientes es el de la agrupación Los Farmerz, cuyo concierto, planeado para el 19 de abril en la feria local de Ciudad Hidalgo, fue suspendido.
La propia banda y la empresa organizadora informaron en redes sociales que pospusieron la fecha por respeto a las autoridades estatales y municipales, aunque no definieron cuándo se retomaría la presentación.
El decreto contempla una serie de sanciones administrativas y económicas para quienes infrinjan la normativa.
Entre ellas se encuentran la revocación de permisos, la clausura temporal o definitiva del lugar donde se realice el evento, así como multas que pueden alcanzar las 700 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Las autoridades encargadas de hacer cumplir estas disposiciones son la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobierno (Segob), quienes tienen la facultad de ejecutar operativos de inspección en los eventos y verificar el cumplimiento de la ley.
El mandatario explicó que existen tres vías mediante las cuales el gobierno estatal puede intervenir para detener estos espectáculos: negación de permisos, clausura del inmueble donde se interprete música que haga apología del delito, y aplicación de multas.
Todas estas medidas pueden aplicarse sin importar si el evento es público o privado.
Asimismo, aclaró que esta disposición no es una cruzada contra la música regional ni una censura generalizada.
“Corridos como Juan Colorado o Caminos de Michoacán seguirán escuchándose libremente”, expresó el gobernador, diferenciando estos temas tradicionales de aquellos que celebran explícitamente la violencia y las figuras del crimen organizado.
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