Sin avances en la 76 Legislatura de Michoacán para consultar a las comunidades indígenas, personas con discapacidad y afromexicanos para la Ley de Educación, como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, Eréndira Isauro Hernández, reconoció que desde que arrancó la presente Legislatura los diputados de las Comisiones Unidas no se han reunido de manera formal para analizar este tema que está pendiente desde la 75 Legislatura.
Pese a que desde el 31 de mayo del 2022, la SCJN hizo referencia que en un total de 84 artículos de la Ley de Educación de Michoacán, los diputados michoacanos omitieron consultar de manera libre e informada a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad y a la población afromexicana que vive en Michoacán.
Desde el 2022 a la fecha, el Congreso del Estado se encuentra “en desacato” por hacer caso omiso a la petición del máximo Tribunal de Justicia a nivel federal, en términos de que se tuvieron que realizar las consultas, sin embargos ninguno de los legisladores ha querido entrarle al tema.
En entrevista, Isauro Hernández, quien también estuvo en la 75 Legislatura, refirió que no hay avances en este tema, porque todavía no se reúnen de manera formal con la otra Comisión de Educación que encabeza el diputado independiente, Carlos Bautista Tafolla para que se analice el tema.
“Yo creo que esta semana nos estaremos reuniendo con el diputado Conrado y Carlos Bautista, para ver la ruta de trabajo y empezar con recorridos”, según expuso la diputada del distrito de Zacapu.
Ante pregunta expresa sobre si no es un tema que preocupe a esta nueva Legislatura dado que el Congreso está en desacato, la diputada de la Representación Parlamentaria reconoció sí es preocupante, pero que ante los temas relevantes que se aprobaron en meses pasados sobre reformas constitucionales, apenas se estarían reuniendo con la finalidad de que se aborde la problemática lo antes posible.
En la pasada Legislatura, las diputadas del Partido del Trabajo (PT), Belinda Hurtado Marín y Brenda Fraga Gutiérrez, denunciaron una serie de irregularidades que se presentaron en el Congreso sobre el destino de alrededor de diez millones de pesos para la realización de las consultas, cifra que hasta la fecha se desconoce en dónde se encuentra, ya que las consultas nunca se realizaron pese a que esa cantidad fue aprobada en el pleno del Congreso.
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