La diputada de Morena Fabiola Alanís Sámano presentó una iniciativa de ley que busca modificar el Código Penal de Michoacán, para endurecer las penas por feminicidio, con castigos que van de 40 a 60 años de prisión.
En el documento se propone que toda muerte violenta de mujeres se investigue bajo la figura de feminicidio, eliminando desde el inicio la posibilidad de que casos graves queden sin la debida atención por ser clasificados como homicidios simples.
La iniciativa expone que sólo el 39 por ciento de las muertes violentas de mujeres en 2024 se investigaron como feminicidio en Michoacán, mientras que el 61 por ciento se trató como homicidios dolosos, lo que refleja fallas en la aplicación del protocolo.
La propuesta, que será presentada al pleno de la 76 Legislatura este jueves, también introduciría agravantes más severas, como la explotación sexual de la víctima, el uso del cargo público para cometer el crimen y el asesinato de mujeres en condiciones vulnerables, como embarazo o discapacidad.
En estos casos, las penas podrían aumentar hasta en un tercio adicional, reflejando la gravedad de las circunstancias.
Otro punto clave de la iniciativa es la obligación de que todas las muertes violentas de mujeres, incluso las que en un principio parezcan suicidios o accidentes, sean investigadas bajo la perspectiva de género hasta que se demuestre lo contrario.
En su exposición de motivos la legisladora “lo que no se nombra, no existe”, y resalta que la precisión en la tipificación del delito es fundamental para combatir la impunidad.
En su justificación refiere que Michoacán ocupa actualmente el lugar 13 a nivel nacional con 16 casos de feminicidio registrados entre enero y agosto de 2024. Además, la entidad destaca negativamente en el número de muertes violentas de niñas, con lo que se ubica en el quinto lugar nacional.
El debate sobre esta propuesta será determinante para definir si Michoacán adopta medidas más contundentes en la lucha contra la violencia de género.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que sigue las directrices del gobierno federal, el cual promueve que todas las fiscalías estatales clasifiquen las muertes violentas de mujeres como feminicidio desde el inicio de la investigación.
La discusión en el Congreso de Michoacán abrirá la posibilidad de fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres en el estado y garantizar sanciones ejemplares para los agresores.
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